UNER – Minería a Cielo Abierto Contaminación, Saqueo y Complicidad

Por Comisión Interclaustros Universitaria contra los fondos mineros

Intelectuales No Muy Alumbrados por Unos Cobres

A fines de 2008 llegaron por primera vez a la Universidad Nacional de Entre Ríos los fondos provenientes de la explotación minera “Bajo La Alumbrera”. Hasta ese momento la megaminería era un tema ajeno a nuestra universidad, a pesar de que las Asambleas de Vecinos y otros movimientos sociales de la región cordillerana llevan años enfrentando las iniciativas de las transnacionales y sufriendo los efectos de las mega-explotaciones. En aquel momento, durante la reunión del órgano directivo de la UNER, los Consejeros Superiores discutieron si recibir o no estos fondos, y finalmente decidieron --casi por unanimidad-- la aceptación de un millón de pesos a distribuir entre las 9 facultades que integran nuestra universidad.

Fundamentaron así: es legal recibir los fondos porque están asignados por una ley vigente. En cuanto a las denuncias presentadas otorgaron el “beneficio de la duda” ya que afirmaban desconocer la existencia de estudios técnicos para certificar si efectivamente Bajo La Alumbrera contamina o no. Como se puede advertir en este argumento, muchos universitarios llegaron tarde a descubrir datos de dominio público, mientras que otros patearon la pelota para adelante (su confesión de ignorancia es inadmisible considerando formación y ámbito de trabajo). En aquella reunión se designa también una comisión para efectuar un estudio técnico que permitiese dirimir científicamente esta cuestión.

A lo largo de 2009 se acrecentó la difusión de información sobre la minería a cielo abierto: el modo de extracción de los minerales y su impacto sanitario y ambiental, las leyes vigentes, la distribución de beneficios y pérdidas, etc. Estos temas se incorporaron en el contexto de las eternas discusiones sobre la situación de la Universidad: su financiamiento a cuentagotas, la autonomia de fantasía, el carácter mercantilista de la formación adquirida en sus aulas, los propósitos de las investigaciones que no parecen apuntar a la resolución de los problemas regionales, entre otros temas.

Muchos universitarios de la UNER nos sensibilizamos con este tema al intercambiar documentos y opiniones, a través del correo electrónico y mediante encuentros entre grupos de activistas. Uno de los primeros textos que leimos fue el acta de la discusión del Consejo Superior de fines de 2008, con el cual se disparó nuestra indignación, y también informes elaborados por docentes, investigadores y figuras públicas como Perez Esquivel y el biólogo Raúl Montenegro. Es preciso remarcarlo: no había que urgar en sotanos de bibliotecas olvidadas, ni era preciso lanzarnos a ubicar expertos inaccesibles para encontrar indicios sobre el impacto de la megaminería. Bastaba con ponerse en contacto con los movimientos sociales o incluso --dentro del propio sistema universitario-- con los investigadores que trabajan sobre estos temas. Pero es más habitual perseguir convenios empresarios que vincularse con la plebe.

No Sólo Explota el Verano (y Otras Referencias Ambientales)

Casi un año después, para la reunión del Consejo Superior de Agosto de 2009 se trata nuevamente el tema, que para este año son 37 millones que se distribuyen entre las UUNN, de los cuales le tocarían a la UNER 820 mil pesos. Como para ubicarnos: el presupuesto de nuestra universidad en 2009 es de unos 100 millones de pesos, el 95% correspondiente a sueldos. De modo que los fondos provenientes de la minera representan menos del 1% del presupuesto total. Sin embargo, si sólo se considera la porción destinada a gastos no salariales (desde la compra de equipamiento, tonner y biromes hasta la construcción de aulas y el pago de la luz y el teléfono) el porcentaje que representa la plata de Bajo La Alumbrera se eleva al 16,4% (de los 5 millones de pesos destinados a estos fines). Ya deja de ser tan insignificante para convertirse en una suma capaz de tentar voluntades. Los 5 millones de pesos de las arcas ilustradas son tan insuficientes que convierten a los universitarios en langostas famélicas dispuestas a fagocitarse cualquier residuo, sin condiciones.

La megaminera utiliza un fuerte operativo de prensa para disfrazar su acción e impacto mostrando bellas cifras de inversiones, contribuciones al fisco, cuidado ambiental y generación de trabajo. Necesita esta fachada para que no peligre su permanencia, para no resultar expulsada por la potencia del rechazo social. Pero veamos algunos detalles: entre 1995 y 2003 invirtieron la astronómica cifra de 1400 millones de dólares, lo cual puede parecer una contribución respetable a la vida económica de la región. Sin embargo ese dinero lo recuperan en muy poco tiempo de exportaciones de concentrado de cobre: la empresa de capitales extranjeros Minera Alumbrera Limited se queda con el 80% de lo que declaran exportar y con el 100% de lo que envían al extranjero sin declarar (puesto que no hay ningún tipo de control sobre lo que sale hacia el exterior). La vida util del yacimiento es de unos 20 años, con lo cual ya vienen gozando de ganancias puras y casi sin cargas fiscales, ganancias que seguirán llevándose durante mucho tiempo.

Se puede corroborar la existencia de procesos judiciales que avanzan a pesar de la corrupción que están en condiciones de alimentar y de las presiones que estos grandes capitales son capaces de generar sobre la justicia. Están documentadas muchas denuncias de contaminación y se cuenta con pericias realizadas por distintos organismos (desde Gendarmería hasta la Comisión Nacional de Energía Atómica) que certifican la existencia de peligro y de daños. Por este motivo está procesado el vicepresidente de la empresa, Julián Rooney. ¿Por qué está procesado el vicepresidente y no otros directivos de la misma empresa? La respuesta la da el fiscal federal de Tucumán Gustavo Gomez: “Porque, aunque parezca mentira, no sabemos quiénes son. Los registros de la AFIP no estaban actualizados y los de personería jurídica, menos. La Alumbrera tiene domicilio en una isla del Caribe” (1).

Universitarios con Síndrome de Argumentos Escasos

¿Qué decidió el Consejo Superior de la UNER en agosto de 2009, cuando discutió nuevamente si aceptar o rechazar los 820 mil pesos provenientes de YMAD? Optó por recibir nuevamente los fondos, a pesar de que la Comisión especialmente designada para investigar si Minera Alumbrera Limited contamina nunca presentó ningún dictamen (espejismo que demuestra que su creación fue una farsa para ganar tiempo), a pesar de la sólida argumentación esgrimida en contra de los fondos mineros, a pesar del pedido expreso de más de 130 docentes que solicitaron rechazar este dinero y a pesar de que no cabe exculparse aduciendo ignorancia.

La diferencia respecto de 2008 fue lo ajustado de la votación: 15 por la aceptación, 11 por el rechazo y 1 abstención. ¿Por qué, cuando ya disponemos de suficiente información aún existen dieciseis consejeros que prefieren convertir a la universidad en cómplice del saqueo y la muerte? Entre éstos, resultan llamativos los votos de los representantes de Bromatología (esta facultad se encuentra en la emblemática ciudad de Gualeguaychú, tan cercana a Botnia), y de Ciencias de la Salud, que en la localidad de Concepción del Uruguay dicta la carrera de “Licenciatura en Salud Ambiental”.

Al argumento de quienes lavan su conciencia resguardándose en la legalidad de los fondos contraponemos la emergencia de la siguiente asimetría: cuando se trata de la defensa de los trabajadores, de los movimientos sociales y del medio ambiente, las leyes no se respetan tanto. El Estado se revela como Estado de clases toda vez que con las herramientas legales, o sin ellas, mantiene su apoyo y sostén al gran capital y a su estructura subsidiaria. Estos derechos se garantizan menos que cuando hay que proteger al Gran Capital y a los dueños del Poder. Por dar un solo ejemplo del contraste: la Ley “Banelco” sigue flexibilizando a los trabajadores mientras que la Ley de Glaciares sufrió el veto presidencial.

El ejercicio de los derechos, en condiciones de igualdad, se actualiza –como ya sabemos- cuando la plebe resiste.

Las Facultades Contraatacan

La Universidad actualmente dista de ser un espacio gobernado por la argumentación, el conocimiento y la racionalidad. Sus órganos de gobierno padecen una democracia desnutrida, con una representatividad al menos dudosa y más interesada en acoplarse al mercado que en defender los derechos humanos, excepto en lo declarativo. Su presupuesto “genuino” (aquel proveniente del Tesoro Nacional y que tiene potestad de distribuir internamente) es tan minúsculo que están comprometidas sus actividades de docencia, investigación y extensión. La perversidad del sistema es tal que lo pequeño del botín no invalida las mezquinas disputas por su apropiación. Sabido es, además, que hace años esta política ha sido acompañada por el despliegue de diversas formas de financiamiento estatal y privado cuya aceptación viene lesionando hace tiempo la autonomía universitaria. Programas especiales financiados por la Agencia tras los que corren los funcionarios de las distintas universidades presentando proyectos ad hoc, obviamente compitiendo entre sí y bajo condiciones de control estatal específico; instrumentación de “servicios a terceros” cuya “prestación” ofrece a ciertos institutos o facultades un “propio producido” que los ubica en condiciones de privilegio respecto de quienes, por diversa razones, no han comprendido aun que el conocimiento puede ser la mercancía más rentable. Esta mercantilización de las prácticas universitarias (que se observa también en la práctica de la investigación “incentivada”) está a la base del retroceso de la comunidad universitaria como un colectivo autónomo.

Por ello, de contar con suficiente presupuesto, cabría preguntarse por la existencia de voluntad para contribuir a cambiar la realidad.

Tras la decisión del Consejo Superior de la UNER, de aceptar nuevamente los fondos en 2009, muchos universitarios no se desmovilizaron y algunos espacios resultaron propicios para revertir la situación. Se acrecentó el debate sobre los fondos mineros en varias facultades. La Facultad de Ciencias de la Educación fue la primera en rechazarlos formalmente. Posteriormente se decidió lo mismo en Ingeniería. Fue algo inesperado en esta facultad: la presencia de docentes y estudiantes en la reunión de su Consejo Directivo seguramente fue determinante para que no llegue siquiera a enunciarse moción alguna por la aceptación de los fondos, con lo cual se resolvió por unanimidad el rechazo. En Trabajo Social, donde más se enraizó el movimiento contestatario, se produjeron muchas reuniones y discusiones sobre cómo avanzar.

Se esperaba con expectativa la siguiente reunión del Consejo Superior, el 9 de septiembre de 2009. Ya había tres facultades (de las nueve) que explícitamente se pronunciaron en contra de los fondos mineros. La recientemente conformada Comisión Interclaustros Universitaria continuó elaborando comunicados, afiches y volantes, y también recolectó dinero que permitiese viajar a Villaguay, en el centro de la provincia, para estar presentes durante las deliberaciones. Sin embargo el rector Asueta suspendió la reunión programada con muy poca anticipación. Probablemente para esa fecha el oficialismo no estaba en condiciones de asegurarse un triunfo. La votación anterior había sido muy cercana y en esta oportunidad algunos que anteriormente habían votado a favor debían cambiar su voto de acuerdo a lo expresado en sus facultades.

Dos días antes de la reunión de la ansiada reunión del Consejo Superior, recibimos buenas noticias: ese 22 de septiembre la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú también se pronunció en contra de aceptar los fondos, en una ajustada votación (por 7 a 6). La situación había cobrado estado público y la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú había enviado una nota al Consejo Directivo de esa Facultad para apoyar el rechazo. Esa noche tuvo lugar en Paraná un carnaval contra los fondos mineros y dos días después un colectivo y tres autos partieron en comitiva hacia el interior de la provincia, para estar presentes en la reunión del Consejo Superior. Si los consejeros respetaban las decisiones de sus Consejos Directivos y Asambleas se presentía muy cercano un triunfo histórico.

Violencia y Epílogo

En Villaguay la idea era que los Consejeros acostumbrados a levantar la mano con impunidad sientan que sus representados no estaban mirando para otro lado. Allí, de cuerpo presente, los ciudadanos universitarios les recordarían que la democracia no puede asentarse sobre la destrucción del medio ambiente y el abandono de los pueblos a la voluntad de lucro del capitalismo. Desde temprano el Consejo Superior trabajaba en comisiones. Nos ilusionamos porque calculábamos que los votos nos favorecían. Sin embargo, para las 17:30hs comenzó el plenario y llegaron 3 consejeros que sellarían la complicidad de la UNER con la entrega del patrimonio y la muerte. El docente Gerard (posible próximo Rector), el estudiante Castagnini (de Alimentación, Concordia) y el estudiante Doratti (de Bromatología, Gualeguaychú) llegaron para participar del plenario y posteriormente votar. Ninguno de los tres presentó argumento alguno en favor de recibir los fondos. Tampoco lo hicieron la mayoría de los consejeros que votaron en igual sentido. A la mayoría de ellos se les escuchó la voz al votar. La minoría había estado fundamentando su posición durante más de 2 horas, a lo largo de la discusión. Finalmente el resultado fue de 14 a 12 votos. Frente a la violencia del silencio, ejercida por los votantes que condenaron a la UNER a la complicidad con el despojo, se desató la indignación de los estudiantes y docentes que habían presenciado todo, una ola de repudio encarnada en cánticos e insultos. La jornada terminó pasada la medianoche, cuando volaron algunos huevos en dirección a los consejeros que se retiraban.

Apenas concluida la sesión, los funcionarios de Rectorado difundieron un comunicado que acusaba a estudiantes, docentes, graduados y no docentes de ser violentos, de agresión, de “apriete”, haciendo referencias al pasado oscuro de la Argentina, referencias tan infelices como mandases. No hubo ninguna agresión más allá de los cánticos, aplausos o abucheos. No se tiraron piedras ni se encerró a nadie en el baño, ni a nadie se pretendió intimidar. Mas de 100 docentes, estudiantes, no docentes y graduados participaron de la sesión; si allí hubiera estado la intención de agredir ella se hubiera concretado fácilmente, por la sola fuerza del número. No hubo mas violencia que la del silencio, la de la imposición de mayorías conseguidas en la oscuridad, con representantes que votaron en contra de la decisión de sus representados, con ausencias llamativas. Sus fundamentos para votar la aceptación de los fondos no existieron, sólo la fuerza del número. Al decir de Hanna Arendt, la violencia es muda. La ausencia de argumentos, el no-decir, la ausencia de discurso, de un no poder discurrir en la palabra lo que se hace, y por ende, hacerse cargo de lo dicho (que es hacerse cargo de lo hecho) es el motor de la violencia, de la arbitrariedad y la injusticia.

Si cabe señalar algún Un aspecto esperanzador, es el de la incorporación a la discusión política de muchos jóvenes, la movilización y el activismo que este tema despertó en la UNER y en la ciudadanía. A pesar del traspié la lucha contra la minería a cielo abierto continuará, y también la puesta en cuestión de los modos de producción vigentes. El rechazo a toda ley que se dice tal sin nuestro consentimiento y el compromiso con una buena vida entre iguales, (que no otra cosa es el ejercicio de la autonomía universitaria) sigue estando presente. Por eso nos alienta la confraternidad de quienes sostienen y se sostienen en la aversión a consentir un mandato inmoral. Porque, como decía, Juan Ramón Jimenez, no hay odios irreconciliables, sólo repugnancias invencibles.

(1) Mu, el periódico de lavaca. Marzo 2009 / año 3 / número 22.